De la crisis de la vivienda en España a las protestas estudiantiles en Francia, la ola de movilizaciones europeas plantea una pregunta incómoda: ¿quién conseguirá convertir el descontento social en votos?
Las imágenes de las últimas semanas dibujan una Europa inquieta. Jóvenes acampados en plazas, estudiantes que bloquean centros educativos, sindicatos que convocan movilizaciones y ciudades donde las manifestaciones han terminado en enfrentamientos con la policía. Las causas no son idénticas, pero se repiten algunas preocupaciones: vivienda inaccesible, dificultades para estudiar, servicios públicos bajo presión y una creciente incertidumbre sobre el futuro.
En España, el debate adquiere una dimensión especial. El país celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre, después del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. La campaña oficial comenzará el 13 de noviembre, de modo que el malestar social coincide con un momento decisivo para los partidos. ¿Estamos ante movimientos que están cambiando la política o ante una política que intenta aprovechar movimientos que ya existen?
La respuesta exige distinguir los hechos de las interpretaciones.
España: la vivienda se convierte en una batalla electoral
La acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, se ha convertido en uno de los símbolos más visibles de la protesta por el acceso a la vivienda. Impulsada principalmente por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por otros colectivos, cobró fuerza después del caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada que falleció tras ser hospitalizada. Su historia ha amplificado una preocupación que afecta especialmente a jóvenes, estudiantes y trabajadores con ingresos insuficientes para afrontar los alquileres.
Los organizadores han convocado movilizaciones y un paro por la vivienda para el 11 de noviembre. El sindicato sostiene que su lucha no va a esperar al calendario electoral. El problema es anterior a la convocatoria de elecciones y no puede explicarse únicamente por ella. (EFE).
Sin embargo, los partidos ya están incorporando el conflicto a su discurso. Alberto Núñez Feijóo ha presentado una propuesta que incluye construir un millón de viviendas nuevas si llega al Gobierno. El PP puede beneficiarse si consigue convencer a los electores de que ofrece una alternativa más eficaz; el PSOE y las fuerzas situadas a su izquierda tienen incentivos para reivindicar la protección social y las medidas que defienden en materia de vivienda, aunque también deben responder por los resultados de las políticas aplicadas.
La controversia ha alcanzado asimismo el terreno del orden público. Isabel Díaz Ayuso ha relacionado las protestas de Madrid con los disturbios franceses y ha responsabilizado al Gobierno central de lo que considera una escalada de violencia. El alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha matizado esa comparación y ha señalado que la situación en la Puerta del Sol no es equiparable a la de Francia o Italia. En Madrid, la acampada ha sido fundamentalmente pacífica, aunque se han registrado episodios puntuales de tensión.
El contraste importa: presentar cualquier protesta como un episodio violento puede deslegitimar reivindicaciones sociales; ignorar los problemas reales de convivencia también impediría un análisis honesto.
Francia: la frustración social entra en la carrera presidencial
En Francia, las movilizaciones comenzaron entre estudiantes de secundaria que denunciaban la falta de profesores, las aulas masificadas y el deterioro de sus centros. Después se sumaron sindicatos, trabajadores y otros sectores preocupados por el coste de la vida y los servicios públicos. Las jornadas recientes han reunido a cientos de miles de personas, aunque una parte de las movilizaciones terminó en saqueos, incendios y enfrentamientos.
El Gobierno de Emmanuel Macron ha responsabilizado a grupos de extrema izquierda de los episodios más violentos. Los partidos de izquierda, por su parte, buscan dar expresión electoral al descontento social, mientras las formaciones partidarias de políticas más duras de seguridad pueden utilizar los disturbios para reforzar sus mensajes de orden y autoridad.
El calendario aumenta la importancia política del conflicto: Francia celebrará elecciones presidenciales en abril y mayo de 2027. Le Monde ya había señalado que los partidos de izquierda trataban de participar en las movilizaciones sin dar la impresión de estar instrumentalizándolas.
No hay pruebas de que un único partido haya organizado el conjunto de las protestas. Sí resulta evidente que sus consecuencias se interpretan en clave electoral.
Italia, Portugal y Bélgica: distintas protestas, preocupaciones compartidas
En Italia, las manifestaciones han reunido reivindicaciones sobre educación, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de los servicios públicos. Algunas acabaron en graves altercados, particularmente en Milán. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha acusado a la izquierda de justificar la violencia, mientras la oposición puede aprovechar el malestar para cuestionar la gestión económica y social del Gobierno. Las elecciones legislativas previstas para 2027 añaden presión a ese debate, aunque no existe una fecha electoral concreta que permita atribuir las protestas a la campaña.
Portugal vive otra expresión del descontento: las acampadas por una vivienda asequible. En Lisboa y Oporto, manifestantes han denunciado que los alquileres y el coste de la vida dificultan cada vez más la independencia económica. En Bélgica, las movilizaciones estudiantiles se centran en reformas educativas, recortes y el aumento del coste de las matrículas. En ambos países, las protestas presionan a los gobiernos y ofrecen argumentos a las fuerzas que reclaman cambios en esas políticas, pero no hay base suficiente para atribuirles una única estrategia electoral.
Albania presenta un escenario más abiertamente antigubernamental: las protestas estudiantiles por las condiciones educativas, el empleo y la corrupción han convergido con la oposición a proyectos turísticos controvertidos. El primer ministro, Edi Rama, responsabiliza a sus adversarios políticos de alimentar los disturbios, mientras la oposición apoya las demandas de dimisión. También aquí debemos distinguir las reivindicaciones de los estudiantes de los intereses de los partidos que intentan capitalizarlas.
Serbia: cuando el movimiento llega directamente a las urnas
Serbia ofrece un caso diferente. Las protestas estudiantiles contra la corrupción comenzaron después del derrumbe de una marquesina en la estación de Novi Sad en noviembre de 2024, tragedia en la que murieron 16 personas. Tras casi dos años de movilizaciones, el movimiento estudiantil ha dado el paso de presentar una lista electoral para las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre.
Aquí sí existe una relación directa entre la protesta y la competición electoral: parte del movimiento ha decidido convertirse en una alternativa política. El presidente Aleksandar Vučić, por su parte, busca recuperar el liderazgo del Gobierno y prolongar los catorce años de predominio de su partido. Observadores europeos e internacionales han expresado preocupación por la equidad del proceso electoral.
Serbia demuestra que una protesta puede evolucionar desde la exigencia de responsabilidades hasta la participación institucional. También muestra que esa transición requiere organizaciones, propuestas y garantías democráticas, no solamente capacidad de movilización.
¿Quién gana cuando la sociedad protesta?
No hay una única respuesta. Los movimientos por la vivienda pueden beneficiar a partidos que defienden más regulación y protección social, pero también a quienes prometen construir más casas y reducir la burocracia. Los disturbios pueden fortalecer discursos centrados en la seguridad, mientras las demandas educativas y económicas pueden dar argumentos a la oposición. Los gobiernos, a su vez, pueden intentar recuperar apoyo anunciando reformas o denunciando la violencia.
Que un partido obtenga un beneficio político de una protesta no significa que la haya creado. Confundir ambas cosas sería tan poco riguroso como ignorar que las organizaciones políticas intentan influir en el debate y orientar el malestar hacia sus propias propuestas.
La coincidencia de las movilizaciones con próximas elecciones es relevante, pero no basta para establecer una relación causal. Las causas sociales preceden en muchos casos a las convocatorias electorales; los partidos reaccionan ante ellas, las interpretan y compiten por representar a quienes protestan.
Europa no está viviendo una única revolución juvenil coordinada. Está viendo problemas distintos que, en un momento de desconfianza institucional, encuentran una expresión visible en la calle. La cuestión decisiva no es únicamente quién consigue sacar rédito electoral de esas imágenes, sino si las instituciones serán capaces de responder a las dificultades que las han hecho posibles.
Porque cuando una generación siente que la vivienda, la educación y el trabajo estable se alejan, el riesgo no es solo una temporada de protestas. Es que la distancia entre la ciudadanía y sus representantes siga creciendo mucho después de que termine la campaña.